Ambas formaciones y UGT presentan una moción conjunta apoyando a los trabajadores tras justificar Castillo que los tornos de los autobuses sirven para controlar a los trabajadores, de quienes no se fiaban; pedirán una rectificación en pleno de estas acusaciones.

Los socialistas incluyen además una segunda moción apoyándose en el informe del Consejo económico y Social de la Ciudad reclamando más autobuses, microbuses para la peatonalización y la implantación todo el año del bono para los estudiantes, entre otras.

El PSOE, Jaén en Común, UGT y el comité de empresa de Castillo, la concesionaria del servicio de autobús urbano de la capital han presentado hoy una moción conjunta para el próximo pleno para defender la honradez y la profesionalidad de los más de 60 trabajadores y solicitar de una vez por todas un cambio en el servicio público para que se preste definitivamente con la calidad que la ciudad merece.

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Los portavoces de PSOE y Jaén en Común, Manolo Fernández y Manuel Montejo, acompañado por las concejalas Matilde Cruz y Sara Martínez, y la Secretaria de Servicios y Movilidad de UGT, Elvira Ramírez, han registrado un texto que será apoyado por los empleados en el próximo pleno. Con él reclaman que se les haga una defensa pública por parte del Ayuntamiento frente a las acusaciones de la empresa, quien justificó la instalación de tornos de acceso, una medida ilegal, en que se había hecho como medida de control de sus propios empleados.

Matilde Cruz ha señalado que es prioritario “defender la honradez y la profesionalidad de estos trabajadores, son un colectivo que da la cara en condiciones extremas cuando arrecian las críticas de los jiennenses por el mal funcionamiento del transporte público, cuando los autobuses no llevan aire acondicionado en verano con 40 grados o cuando no funcionan las plataformas para personas con movilidad reducida. No es de recibo que la empresa justifique una ilegalidad con estas acusaciones tan graves hacia ellos”, indica. Cruz ha recordado que el PP tiene un negociado de inspección que debería haber velado por el cumplimiento de la legalidad con la retirada de los tornos.

“La moción pretende visualizar que si existe una mala prestación del servicio la hay por una mala gestión de la empresa y que los que reciben las críticas de esta gestión son los trabajadores, a los que se le acusa de que roban a la empresa y esa es la justificación para que comentan una ilegalidad con la implantación de los tornos”, ha dicho Manuel Montejo.

Por su parte, Elvira Ramírez, de UGT, ha recordado que los trabajadores del servicio de transporte público tienen el peor convenio colectivo de Andalucía y están sometidos a un gran estrés por el cumplimiento de horarios y tareas, además de que son a quienes se traslada a diario por parte de los usuarios las críticas por la gestión del servicio. “Son las consecuencias de años y años con una concesión lo que da fuerzas a la empresa para no elevar este convenio”, dice.

Una segunda moción

Por otra parte, Matilde Cruz ha explicado que los socialistas pretenden reforzar esta avanzadilla para conseguir una mejora definitiva en el transporte público de la ciudad con una segunda moción basada en el informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén sobre el servicio. En este sentido, el texto del PSOE propone que se aumente la flota de autobuses de la ciudad, menor ahora que hace 12 años, que se adquieran microbuses para facilitar el proceso de peatonalización, que se acometa de una vez por todas la auditoría de las cuentas de la empresa aprobada en pleno hace un año pero que el PP no se decide a ejecutar y que se implante un bono de transporte joven durante todo el año, ya que en la actualidad no está operativo más que de lunes a viernes y solo en época escolar.

Cruz justifica la permisividad del Ayuntamiento con estos incumplimientos en una connivencia “total y absoluta con la empresa”. “Los tornos son la punta de iceberg de una serie de incumplimientos plenarios como el que afecta a líneas de autobuses como la número 20, el billete de transbordo o al control público de las cuentas. Se trata de cumplir con la legalidad vigente y el Ayuntamiento debería ser el primer interesado”, señala.